Confieso que es un argumento que me produce asco, repugnancia, alteración profunda. Es una "razón" que se oye, a menudo, entre los defensores activos o pasivos del pretendido "derecho" al aborto: "La ley permite abortar, no obliga a hacerlo".
¡Vaya motivo! Resulta, incluso, falso, porque si el aborto se convierte en un derecho, alguien –el Estado, el sistema sanitario, la clase médica– tendrá la obligación correspondiente de realizarlo.
Pero, aunque no fuese así, aunque se contemplasen todas las objeciones de conciencia habidas y por haber –incluida la objeción de conciencia tributaria, de no sufragar ni con un céntimo de euro de los propios impuestos la práctica del aborto-, sería un pobre argumento.
Abortar es matar a un individuo de la especie humana en las primeras etapas de su desarrollo. No es sólo matar a un ser vivo, sino que es matar a un ser vivo de la especie humana; es decir, a una persona. No cabe un término medio entre ser "algo" o ser "alguien". El "algo" que puede llegar, por sí mismo, a ser "alguien" nunca es un mero "algo"; es, desde el comienzo, "alguien", aunque necesite tiempo para desarrollar todo lo que puede ser.
Y todos nosotros necesitamos tiempo. Somos, siempre, algo en potencia. Jóvenes en potencia, adultos en potencia, licenciados en potencia, votantes en potencia. Pero la potencia sin el acto no es. Nada que no sea puede llegar a ser. De la nada, nada sale.
Decir, a modo de justificación bizarra, que el aborto no es obligatorio resulta tan peregrino como aseverar que el asesinato tampoco lo sería, aunque las leyes lo permitiesen. Es decir, "asesine usted, si quiere, la ley no va a perseguir su acción; eso sí, respeta su libertad. Pero, si no quiere, no asesine".
O, por poner otro ejemplo, "tiene el derecho a maltratar, pero no tiene por qué hacerlo". O "puede robar, pero no es obligatorio". O "puede calumniar, si lo desea".
Esta argumentación se olvida de que abortar o no abortar no afecta solamente a la mujer que decide "interrumpir" su embarazo. La consecuencia de esa "interrupción" es la muerte de un tercero, de un ser humano inocente. Y el Estado, ante ese bien de una nueva vida, ante ese derecho absoluto de un ser humano inocente, no puede inhibirse, ni transigir, ni colaborar, ni –menos aún– promocionar un delito, transmutándolo en un falso "derecho", revistiéndolo del disfraz de lo penal, legal y socialmente aceptable.