El día 28 publicó FARO DE VIGO un extenso artículo de opinión de Manuel Bragado, titulado: "Os dilemas de Feijóo sobre a lingua". Respeto su opinión, y elogio sus intentos de promover el gallego, pero muchas de sus afirmaciones son erróneas. Dice que la reciente sentencia deja claro que para el Tribunal Supremo: "Nin hai imposición do galego, nin se discrimina ao castelán en Galicia nin hai a posibilidade de que as familias escollan a lingua durante a educación obrigatoria". No es cierto: el TS no ha dicho nada de eso. El error se debe a la manipulación de la noticia que ofreció la agencia EFE de Santiago, pues el TS desestimó el recurso del padre que pedía toda la educación en castellano por defectos técnicos y formales, y en su fallo repetía los argumentos empleados contra la petición de ese padre que había hecho el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el año 2007 (que fueron los que dijeron todo eso, cuando gobernaba el Bipartito).

Si el Tribunal Supremo español hubiera dicho lo que Bragado afirma, el sistema educativo en Euskadi sería ilegal, porque allí los padres pueden elegir colegios en castellano, en euskera o en ambas lenguas por igual. Y ese es el sistema que muchos queremos para Galicia.

Después habla del caso de la madre divorciada, y afirma que el Juez de Alcorcón (Madrid): "nega a unha nai de Vigo a custodia e o traslado das súas fillas á cidade nosa aducindo o "desarraigo" que nelas ocasionaría "a inmersión en un sistema escolar en lengua gallega, lengua distinta a la que han sido escolarizadas hasta ahora". Pues resulta que esas niñas ya llevan un año estudiando en Vigo, y que la sentencia ni niega la custodia a la madre ni obliga a las niñas a irse de aquí. Bragado pone en boca del Juez las frases falseadas que empleó el nacionalista Lobeira en una rueda de prensa. Otra vez yerra el ilustre editor. Si en Galicia se cumpliera el artículo 13 de la LNL, que da derecho a los niños a recibir la enseñanza en su lengua materna, gallego o castellano, esas niñas no tendrían ahora casi ningún problema pedagógico por causa de la lengua.

Por último, Bragado le pide a Feijóo que se reintegre al consenso político de los últimos años, y le insta a: "escoller entre situarse coas maiorías sociais, que asumen o galego como lingua de todos, ou coas minorías negacionistas do galego". Pues yo pienso que quedó muy claro el 1 de marzo (y con la Encuesta de Educación a los padres hecha en junio) que la mayoría social gallega no quiere seguir la política lingüística del Bipartito que Bragado defiende. Y que son ellos, los que siguen empeñados en mantener la actual imposición y el Decreto, los que tienen que sumarse al nuevo consenso de la mayoría de los gallegos (aunque les cueste aceptarlo), y dejar de decir la sandez de que los gallegos que queremos educación en castellano para nuestros hijos somos negacionistas del gallego.