Con el ir y venir de noticias corremos el riesgo de naufragar en la confusión. Sobre la relación entre el aborto y la responsabilidad política de los católicos me gustaría recordar tres documentos esenciales –sólo tres, aunque hay más– , dirigidos a la Iglesia universal; por consiguiente, por encima de las tormentas políticas patrias.
El primer documento es de 1983, fecha en la que se promulga el Código de Derecho Canónico. Pues bien, en el canon 1398 se establece que "quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión "latae sententiae". Se trata de una sanción penal a un pecado que, en la legislación de la Iglesia universal, es también considerado un delito (canónico); en concreto, un delito contra la vida y la libertad del hombre.
El segundo documento es 1992. Se trata del "Catecismo de la Iglesia Católica". En el número 2272 leemos: "La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. "Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae" (CIC can. 1398), es decir, "de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito" (CIC can. 1314), en las condiciones previstas por el Derecho (cf CIC can. 1323-1324). Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia; lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad".
Y por último, un número, el 83, de la exhortación apostólica "Sacramentum caritatis" de Benedicto XVI, de 2007. Habla el Papa de la "coherencia eucarística". No se puede celebrar la Eucaristía sin tomar conciencia de las consecuencias sociales y públicas que tiene nuestra participación en el Sacramento: "Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana. Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía (cf. 1 Co 11,27-29). Los Obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado". Convendría que, al tratar estos temas, no se olvidasen estas tres referencias fundamentales. Para no confundir.
