La información que en los distintos medios se está dando en relación con el caso del Yak-42, no puede dejar a nadie indiferente.

Los testimonios de los forenses turcos, acusados de negligencia por el general médico español, echan por tierra las declaraciones y los argumentos de los médicos militares españoles. Y mentir, en un asunto como la tragedia aérea ocurrida en Turquía, para justificar la no identificación de 30 cadáveres, es vergonzoso y muy preocupante.

Uno de los puntos oscuros de esta historia, sin duda, es saber de quién partió la orden de regresar a España, sin haber terminado las pruebas de ADN para completar la identificación, alegando que todo estaba dispuesto para celebrar el funeral de Estado, y que aquí se concluirían dichas pruebas. ¿Quién lo ordenó?

Naturalmente, corresponde al juez determinar cual de las partes dice la verdad sobre esta desagradable historia. Mientras tanto, con la debida cautela, prevaleciendo la presunción de inocencia, como no podía ser de otra forma, habrá que esperar al pronunciamiento judicial. Y los culpables, no sólo lo serán por un delito de negligencia médico-forense, sino también por haber mentido, además de al tribunal, a los familiares de las víctimas y, por extensión, a todos los ciudadanos que, sobrecogidos, hemos visto las desgarradoras escenas de dolor aquella tarde del 28 de mayo de 2003.