La noticia de la ejecución (más bien del asesinato) en Somalia de Aisha Ibrain Dhuhulow, de 23 años de edad, así sea bajo el alegato de la aplicación de la denominada Sharía (Ley que autoriza la aplicación de la pena de muerte por lapidación a una acusada de adulterio), nos retrotrae al caso de la nigeriana Amina Lawal, salvada de igual sentencia,por la presión internacional. En aquella oportunidad decíamos nosotros que “sí“, que queríamos inmiscuirnos en la legislación de aquel país.Las razones que se exponían en aquella ocasión, las reiteramos ahora. No es admisible que el mundo permanezca impasible ante hechos como estos,o mire hacia otro lado, ante la aplicación de unas leyes contrarias a los derechos humanos. Nada, ni nadie puede pretender justificar tales atrocidades, tales crímenes, pretendiendo ampararlos en unas Leyes territoriales, a todas luces repudiables. La barbarie, así sea en casos aislados, debe ser perseguida por todos los medios legales al alcance de los que nos llamamos países civilizados. Y si pretendemos que sean respetados los derechos humanos, persiguiendo a genocidas,y a violadores de los derechos fundamentales del ser humano, no podemos ignorar el caso al que nos referimos. Los gobiernos de los países que firmaron la Declaración de los Derechos Humanos, deben denunciar tales leyes bárbaras y a los gobiernos que comenten tales atrocidades. Todos debemos exigir de nuestros gobiernos, que denuncien tales casos. Las Asociaciones feministas deben colaborar en tales denuncias. Todos los partidos políticos. Todas las organizaciones sindicales. Todos los ciudadanos, sin excusa alguna. Y, aquellos gobiernos que consideren tales denuncias, como una intromisión en sus leyes, deben recordar que la impunidad no tiene cabida en este mundo. Y que al margen del repudio mundial, deberán responder de sus barbaries,ante los Tribunales Internacionales. No hay ley que pueda “amparar” la violación de los Derechos Humanos. Ahora es el momento.
