Cuando ya creíamos solucionado el problema de la ampliación de los muelles, con los rellenos en la escollera de Bouzas, de acuerdo el plan presentado por Abel Caballero cuando era presidente de la Autoridad Portuaria, nos encontramos con que se vuelve a hablar de más rellenos en la zona del Arenal, y además diciendo que éstos sólo solucionarían el problema durante unos quince años, o sea que posiblemente luego habría que volver a rellenar. Señores, todavía estamos esperando por el plan de usos del Puerto, que racionalice el uso del suelo del mismo. El puerto está lleno de empresas que no tienen por qué ocupar terrenos portuarios, que son públicos. Hay empresas de todo tipo incluso compañías de seguros.

No se puede presentar un proyecto de ampliación sin una lista completa de todas estas empresas y el calendario de su desubicación y el uso que se le daría a los espacios liberados. Tampoco se ha presentado un planteamiento serio de los beneficios que se derivarían de las ampliaciones previstas, cuantificando, ingresos y beneficios a obtener y como se repartirían éstos, vía puestos de trabajo estables y salarios, porque si tal ampliación sólo genera la mayoría de los beneficios para unos pocos empresarios, y para eso nos hemos cargado la ría, habremos hecho un mal negocio. La ría es ecosistema frágil y no es infinita. No se puede ampliar indefinidamente porque enfrente del Arenal, no tenemos el Océano, sino Moaña.

Los empresarios sólo tienen una visión a corto plazo que son los beneficios a obtener, sin importarles demasiado las consecuencias de sus actuaciones. Y ello ocurre en todos los sectores, como en el inmobiliario, donde no les importa las consecuencias medioambientales de la ocupación del suelo. Su racionalidad económica es, en este sentido muy estrecha.

Cómo si no se explica que hayan permitido el desmesurado boom inmobiliario, cuando desde todas las instancias se nos decía que la burbuja era un sinsentido.

Los precios de las viviendas se han encarecido un más 400% en los últimos quince años, mientras que la inflación lo ha hecho en un 50%, en cifras aproximadas. Quiere ello decir que hace quince años un comprador de viviendas tenía que destinar un 30/40% de su sueldo a pagar las cuotas de préstamo hipotecario, pero que ahora debe destinar prácticamente el 100%. O sea, ellos mismo han matado la gallina de los huevos de oro.

Sin embargo esos mismos empresarios, que se llenan la boca hablando de las bondades de la libre competencia y la no intervención del Estado en la economía, piden que sea este mismo Estado el que les saque las castañas del fuego e intervenga con obra pública para salvar un sector que ellos mismos se han cargado por su falta de racionalidad económica a largo plazo.

En fin, pero para actuar con la debida racionalidad están los poderes públicos que deben actuar en defensa del bien común y de todos los ciudadanos, con una visión a largo plazo y evitando las consecuencias de actuaciones que a la larga se puedan manifestar como dañinas.