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  • 12
    Diciembre
    2015

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    Los partidos nacionalistas

    La fortaleza del bipartidismo, incluso a escala regional, ha conducido a ensanchar el papel de las minorías. Se trata, sin duda, de una peculiar paradoja. Si hasta ahora el PSOE y el PP se han compinchado sistemáticamente en el reparto del poder, la ausencia de un tercer partido español ha facilitado la capacidad de presión de las formaciones nacionalistas: de la ya extinta CIU al PNV y Coalición Canaria. Gracias al peso del nacionalismo vasco, ni el PP ni el PSOE se han atrevido, por ejemplo, a alterar la estructura del cupo ni a reducir los privilegios de la fiscalidad foral, a pesar de los efectos nocivos que pueda tener sobre el conjunto de la financiación autonómica. Del mismo modo, la capacidad del lobby catalán aceleró las transferencias competenciales a las autonomías y el crecimiento a gran escala de la organización administrativa territorial. De hecho, partidos irrelevantes a nivel estatal, aunque con una fuerte presencia en determinadas regiones –como el PNV y CIU, sin olvidar la franquicia andaluza del PSOE–, han sido cruciales en la configuración del rostro actual del Estado, una arquitectura, no lo olvidemos, confeccionada de prisa y por partes, casi siempre como resultado de cambalaches en el poder. Indudablemente, las autonomías ha facilitado la descentralización del país, con los efectos benéficos y perversos que se pueden deducir de esta operación; pero, al mismo tiempo, la falta de una visión de conjunto ha dificultado un equilibrio racional en las balanzas fiscales. Y no sólo en eso.


    Cabe sostener que el papel de las minorías ha impulsado algunas políticas de progreso –por ejemplo, la transformación del servicio militar obligatorio en profesional– y otras, en cambio, de claro sentido partidista. Si España a día de hoy no cuenta con una economía más abierta y liberalizada es, en gran medida, por la presión de los partidos nacionalistas. Pero, por otro lado, es probable que las mejores políticas de I+D y de universidades se hayan llevado a cabo en Euskadi y en Cataluña y no sólo –al menos, en el caso vasco– a causa de una mejor financiación.


    Aun así, si se abre un proceso de reforma constitucional, como parece, el futuro de la organización territorial pasará por enumerar y blindar las competencias, junto a una mejor asignación de los recursos fiscales. De esta manera se llegará a una mayor federalización del país, sin que eso suponga necesariamente transferir más competencias –e incluso podría suceder lo contrario. También cabe pensar que serán tratadas de un modo distinto aquellas autonomías que demuestren un mayor deseo de autogobierno, frente a las que busquen una mayor recentralización. De todas formas, son futuribles que tendrán que despejarse a lo largo de la próxima legislatura.


    Lo novedoso, sin embargo, es que en un parlamento mucho más atomizado, con al menos cuatro grandes partidos de ámbito estatal –PP, PSOE, Cs y Podemos–, el peso de las minorías nacionalistas forzosamente debe caer. Por un lado, las opciones de pacto se amplían, con las facilidades que eso supone para la negociación. Por otro, el proceso soberanista catalán ha roto con la tradición pactista de CIU, una coalición que además ya no existe, lo que la condena de entrada a la irrelevancia.


    Por descontado, nadie sabe hacia dónde se dirigirá la hipotética reforma constitucional que se adivina en el horizonte. Pero de lo que no cabe duda es que la capacidad de influencia en el Congreso de los partidos nacionalistas va a disminuir. Aparecen nuevos actores en escena. Y van a querer tener una voz protagonista.

     

     

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